Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de agosto de 2006

Las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 marcan una crisis de hegemonía, caracterizada en lo estructural por la sustitución del patrón de acumulación financiera y, en lo superestructural, por la pérdida de consenso del bloque dominante en la sociedad y la deslegitimación de su representación política, tanto en el estado como en la sociedad.
Ajustando el concepto, podríamos definirla como una crisis de autoridad puesto que la resistencia popular, en el marco de una crisis de hegemonía de los sectores dominantes, se dio en ausencia de un instrumento político del campo popular capaz de impulsar la construcción de un nuevo bloque histórico que permitiera sustituir al que hasta allí ejerció la hegemonía. Ese es el contexto en que asume el gobierno actual.
Las trasformaciones operadas en la realidad nacional a partir de la asunción del gobierno de Néstor Kirchner requieren, sin lugar a dudas, un análisis profundo que permita formular un diagnóstico preciso y trazar, en consecuencia, los lineamientos políticos que deben guiar la acción del Partido Intransigente en esta coyuntura.
Se configura un nuevo escenario de transición, caracterizado por la mayor autonomía del poder político con relación a los intereses del bloque dominante. Si tenemos en cuenta que se necesitó una dictadura genocida para modificar los parámetros principales de la estructura económica anterior al 76, la sola enumeración de los cambios que es necesario realizar para profundizar el camino iniciado por este gobierno nos remite a la necesidad de acumular la suficiente fuerza social y política para hacerlos efectivos frente a la creciente resistencia que los sectores dominantes están realizando.
Por ello creemos que esta es una tarea que no puede delegarse solamente en el Presidente, sino que dependerá fundamentalmente de la capacidad militante de las organizaciones populares para ir llenando el vacío de representación que se manifestó descarnadamente en las jornadas de diciembre de 2001. En este sentido es la acumulación de fuerzas o poder político, como consecuencia de la mayor legitimidad social obtenida, lo que irá generando las condiciones para profundizar los cambios en materia socioeconómica, en las relaciones internacionales y en la política regional.
La resolución adoptada en la reunión de la Mesa Directiva del Comité Nacional del 10 de abril del corriente año- en la que se aprobó la necesidad de incorporar al debate partidario la perspectiva de confluir, en el 2007, con el proyecto político que encabeza el Presidente Kirchner- requiere un pronunciamiento de este organismo acerca del rol que debe jugar nuestro partido en la etapa.
El accionar de nuestra organización a partir del nuevo escenario parido por el 2001
- relación inestable y de profunda desconfianza entre la sociedad civil y el poder político -, no se debe dar solamente en el plano de las ideas puras e incontaminadas o encontrando “soluciones de laboratorio que nunca fallan”, sino que debe incorporar la perspectiva histórica y, necesariamente, tiene que contemplar las reconfiguraciones y los saltos cualitativos que se han producido a partir de la interacción entre el nuevo liderazgo político y la sociedad.
Creemos que nos hallamos inmersos en un proceso de cambio y que el mismo provendrá de la voluntad política del liderazgo y, fundamentalmente, de la organización y movilización popular.
Si en este camino se lograra la confluencia de diversas identidades políticas populares en un proyecto de nación compartido, esta dinámica necesariamente debería resultar compatible con la formación de nuevos referentes de este espacio a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Sin nuevos referentes políticos que expresen el quiebre del 2001, si no se logra construir organización territorial que consolide esta propuesta y sin proyecto compartido, en la lógica contradictoria entre continuidad y ruptura que caracteriza la etapa, las perspectivas de cambio se verían dificultadas.
Estamos atravesando un proceso de transición en lo económico, en lo social y en lo político que apunta a revertir la institucionalidad vigente en las últimas tres décadas. La incipiente conformación de un bloque social alternativo capaz de disputar la hegemonía reclama con urgencia el alumbramiento del actor político que represente sus intereses.
Las políticas desplegadas por el gobierno nacional en materia de derechos humanos, defensa nacional, alineamiento internacional, integración latinoamericana, reestatización de empresas públicas, entre otras, coinciden con los lineamientos de nuestro programa partidario; las retenciones sobre las exportaciones agrícola ganaderas y energéticas, las medidas para regular el aumento de precios de productos de consumo popular, el mayor control ejercido sobre los concesionarios de servicios privatizados, constituyen señales de un rumbo diferente y provocan la irritación de los que hasta hoy se creían los “dueños” de la nación.
Por esto, en la medida y en el momento que el gobierno avanza hacia posiciones que intentan remover los nichos privilegiados de acumulación de las multinacionales y de parte de los sectores dominantes locales, todo el poder económico y mediático comienza a esmerilarlo con la intención no declarada de generarle problemas económicos y sociales. Esta estrategia seguramente será acompañada en el plano electoral por parte de las estructuras y referentes políticos que fueron socios del modelo durante la década del noventa, incluso de algunos que hoy aparecen convenientemente reciclados.
Tal como está expresado en los “Aportes para el Proyecto Nacional”, documento liminar de nuestro partido: “...En estos casos es preciso mantenerse alertas contra las ilusiones equívocas que propician objetivos ideales pero inalcanzables, porque desconocen básicamente la realidad del momento histórico que nos toca vivir”.
América Latina vive un proceso esperanzador para las mayorías populares con el surgimiento y consolidación de nuevos liderazgos que no solamente alteraron el clima intelectual de la región sino que son la expresión de un cambio en la correlación de fuerzas regional a favor de nuestros pueblos. A partir de nuestro compromiso como militantes populares, debemos direccionar la acción política de la mejor forma posible para favorecer esa nueva correlación de fuerzas en la Argentina y América Latina.

Por todo ello y con los fundamentos explicitados en los párrafos precedentes, el Plenario del Comité Nacional del Partido Intransigente resuelve:

I.- Ratificar lo actuado por la Mesa Directiva del Comité Nacional en procura de incorporar nuestro aporte a la acción desplegada por el gobierno del presidente Néstor Kirchner para revertir el rumbo trazado por los gobiernos anteriores que adoptaron el paradigma neoliberal, conduciendo a nuestro país al borde de la desintegración social.

II.- Participar de la concertación plural, impulsada por el gobierno, para la búsqueda de acuerdos programáticos que permitan seguir desarrollando el actual proceso de cambio a partir de la incorporación de nuevas fuerzas políticas y sociales.

III.- Impulsar la conformación de un frente nacional que, respetando el principio de la unidad en la diversidad, se constituya en el sujeto político capaz de representar un nuevo bloque histórico conformado por los sectores populares, modificando de ese modo la correlación de fuerzas para llevar a cabo las profundas transformaciones necesarias para la creación de una sociedad justa y solidaria, en el marco de construcción de la Gran Patria Latinoamericana.

Finalmente solicitamos a los Presidentes de los respectivos Comités Provinciales difundir al conjunto de la militancia partidaria, las resoluciones del Plenario y aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy afectuosamente.

E. GUSTAVO CARDESA
Presidente

JUAN MARCHIONI
Vicepresidente

CARMELO S. PRUDENTE
Secretario de Organización